Este martes, España ha hecho historia al convertirse en el primer país europeo en ratificar ante la ONU el tratado internacional para proteger la biodiversidad en aguas internacionales. El acuerdo, denominado el Tratado de Alta Mar, establece las bases para crear reservas marinas en áreas del océano que no pertenecen a ningún país, y que actualmente sufren una falta de regulación ambiental. Tras 15 años de intensas negociaciones y varios intentos fallidos, el tratado se cerró en marzo de 2023 en el marco de la ONU. A pesar de que ya lo han firmado 107 países, el tratado aún no ha entrado en vigor, ya que se requiere que al menos 60 naciones lo ratifiquen, un proceso que puede llevar tiempo debido a la necesidad de aprobación parlamentaria. España es el decimosexto país en presentar su ratificación ante la ONU, aunque su procedimiento comenzó en julio de 2024 y culminó este martes.
Hasta ahora, otros países que han ratificado el acuerdo incluyen Seychelles, Palaos, Mónaco, Micronesia, Mauricio, Chile, Cuba, Belice, Bangladesh, Barbados, Maldivas, Panamá, Santa Lucía, Singapur y Timor Oriental. Los activistas medioambientales, muchos de ellos miembros de la coalición High Seas Alliance, que lleva más de una década luchando por la adopción de este tratado, han lanzado una campaña para que se logren al menos 60 ratificaciones antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en junio en Niza, Francia. Una vez alcanzadas las 60 ratificaciones, el tratado entrará en vigor 120 días después.
El tratado permite la creación de herramientas para la gestión sostenible de la biodiversidad marina, incluyendo áreas marinas protegidas, con el fin de preservar hábitats y especies cruciales en la alta mar. Las aguas internacionales, también conocidas como alta mar, son aquellas que no pertenecen a las zonas económicas exclusivas de ningún país, es decir, aquellas que se encuentran a más de 200 millas náuticas de la costa. Estas áreas representan el 64% de los océanos, y aunque existen normativas para regular aspectos como la pesca o el tráfico marítimo, no había un acuerdo internacional enfocado en la protección de la biodiversidad marina en estas regiones.
Este tratado es fundamental para cumplir con el objetivo global de proteger el 30% de los océanos y la tierra antes de 2030, conocido como la meta 30×30, al que los países se comprometieron en la Cumbre de Biodiversidad de Montreal en 2022. Actualmente, solo alrededor del 1% de la alta mar está protegida.
En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, subrayó el “compromiso de España con la conservación de los océanos” y llamó a otras naciones a ratificar el tratado lo antes posible para que entre en vigor. Esta ratificación se enmarca dentro del compromiso del Gobierno español con la agenda ambiental global y la diplomacia multilateral.
A nivel de la Unión Europea, se espera que también ratifique el tratado, después de que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo hayan dado su visto bueno. Sin embargo, es necesario que cada uno de los Estados miembros de la UE también ratifique oficialmente el acuerdo, conocido como el Tratado de Biodiversidad Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). En este sentido, aunque Bélgica y Francia ya avanzaron en el proceso, España ha sido el primer miembro de la UE en formalizar su ratificación.
Entre los países firmantes también se encuentran grandes potencias como China, Estados Unidos, India, Canadá y Australia. Firmar el tratado no equivale a su ratificación formal, pero sí indica un compromiso para activarlo. Sin embargo, la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca podría influir negativamente en la postura de EE. UU., dado su rechazo al multilateralismo y su retirada de otros tratados ambientales, como el Acuerdo de París.
En el acto de ratificación, además de la vicepresidenta Aagesen, participaron representantes de las principales ONG medioambientales en España. Eva Saldaña, directora de Greenpeace, expresó su satisfacción por el paso dado por el Gobierno y su esperanza de que otros países europeos sigan el ejemplo de España, subrayando que «no es momento de titubeos». Por su parte, Juan Carlos de Olmo, de WWF, destacó el valor simbólico de la ratificación de España en un contexto global en el que se observan avances de tendencias ultraconservadoras y un ataque contra los organismos internacionales y la ciencia.